El eurodiputado socialista Nacho Sánchez Amor ha pedido coherencia entre el Régimen Global de Sanciones de la UE en materia de derechos humanos con los otros instrumentos sancionadores de la Unión. «La aplicación de este nuevo régimen no impide que puedan adoptarse otras sanciones, como las de tipo comercial, con el mismo objetivo, sino que deben poder combinarse y complementarse» ha apuntado en el Pleno. Desde diciembre de 2020, la UE cuenta con un marco que le permitirá aplicar sanciones a las personas o entidades responsables, involucradas o asociadas con graves violaciones y abusos de los derechos humanos en todo el mundo.
Sánchez Amor también ha reclamado coherencia de los Estados Miembros con las decisiones que toman en el Consejo. “No puede ser que la figura que impone las sanciones sea la del Alto Representante de la UE, Josep Borrell, y que los Estados Miembros estén llevando a cabo políticas nacionales en una dirección distinta y teniendo relaciones, más o menos discretas, con un régimen sancionado por la UE”, ha advertido el eurodiputado, portavoz de los socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo en materia de Derechos Humanos. Asimismo, el eurodiputado extremeño ha exigido coherencia en los objetivos y en la aplicación de las sanciones, de modo que ante similares violaciones o abusos de los Derechos Humanos tienen que aplicarse sanciones similares.
En este sentido, la eurodiputada Mónica Silvana González ha dicho que hay que reforzar la complementariedad con otros regímenes de sanciones de la UE, como las sanciones geográficas. González también ha subrayado que “el objetivo debe ser poner en la diana a individuos y entidades, sin castigar a la población”.
Por último, Sánchez Amor ha recalcado la importancia de que el nuevo mecanismo funcione, incluso con sus limitaciones actuales, en el sentido que quiere el Parlamento Europeo. Más aun, se ha mostrado a favor de que deje de aplicarse la unanimidad como proceso de toma de decisión en el Consejo para las sanciones en materia de Derechos Humanos de tal manera que ninguna decisión pueda ser vetada, así como que se incluya la corrupción dentro de su ámbito de aplicación.