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Economía y fiscalidad

Las consecuencias de la crisis económica y los errores de su gestión son todavía evidentes para gran parte de la ciudadanía. Nuestro objetivo es dotar de estabilidad a la Unión Económica y Monetaria para garantizar un crecimiento sostenible, capaz de generar empleo de calidad y de evitar ciclos de recesión económica profunda como los vividos en la última década. En este ámbito, nuestras prioridades son:

Reformar el actual Mecanismo Europeo de Estabilidad para convertirlo en un verdadero «Fondo Monetario Europeo», con capacidad para actuar como prestamista de último recurso, en caso de una nueva crisis de confianza.

Impulsar un Sistema Europeo de Seguro de Depósitos, que proporcione protección a los ahorros de las ciudadanas y los ciudadanos en el ámbito europeo, y culmine el establecimiento de la Unión Bancaria.

Avanzar en una Unión de Mercado de Capitales, que permita que el crédito llegue a las empresas, especialmente a las pymes, a menor tipo de interés, y contribuya así al crecimiento.

Aumentar el presupuesto de la UE y dotarlo de recursos propios, impulsando la puesta en marcha de una «Tasa Tobin» comunitaria a las transacciones financieras, así como la asignación al presupuesto de la UE de los beneficios del Banco Central Europeo, de una fracción de la base del impuesto de sociedades, de impuestos a las emisiones de CO2, y de un impuesto a las grandes plataformas tecnológicas que prestan servicios, para asegurar que tributan allá donde generan beneficios. Este deberá financiar inversiones anticíclicas en épocas de crisis. Al mismo tiempo, nos proponemos impulsar la creación de eurobonos, para mutualizar las responsabilidades de los Estados que comparten la Unión Monetaria.

Avanzar en la lucha contra el fraude, la evasión fiscal y los paraísos fiscales. Nos proponemos eliminar las excepciones al intercambio de información automática entre administraciones tributarias nacionales y crear una Agencia Tributaria Europea.

Determinar que las decisiones sobre política fiscal se adopten por mayoría cualificada en el Consejo y eliminar la actual unanimidad, que otorga a los Estados miembros derecho de veto y dificulta que se pueda avanzar en medidas como la armonización fiscal del impuesto de sociedades y la eliminación de la competencia desleal entre los Estados.

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