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Una nueva política económica

Los socialistas españoles queremos una nueva política económica para Europa y una mejor convergencia en la gobernanza de la crisis.  Los socialistas estamos liderando una alternativa real, situando a Europa de nuevo en el camino del crecimiento sostenible, luchando por una mayor justicia social y fiscal.

Europa necesita un presupuesto ambicioso en el que no se deje a nadie atrás. Con la aprobación del presupuesto de la Unión Europea para 2019, que asciende a 166.000 millones de euros, el Parlamento Europeo apuesta por una Europa más social y progresista. La Eurocámara ha conseguido, entre otros, 240 millones de euros más para Erasmus, que van a permitir que alrededor de 65.000 estudiantes más puedan vivir esa experiencia; 150 millones extras para los programas de investigación, y 116 millones de euros más para la garantía juvenil, que va a permitir a jóvenes seguir formándose o acceder a su primer empleo. Además, es la primera vez que el presupuesto de la Unión destina un 20% del gasto para la lucha contra el cambio climático.

En noviembre de 2018, el Parlamento Europeo dio luz verde a la propuesta sobre el Marco Financiero Plurianual 2021-2027. Se trata de un texto que apuesta por incrementar la inversión en la juventud, la investigación, el crecimiento y el empleo, y el cambio climático. Además pone el acento en los nuevos desafíos, la migración, la defensa y la seguridad, sin sacrificar la política agrícola y de cohesión. La Europa del futuro tiene que ser una Europa más social y ecologista, por eso exigimos triplicar Erasmus, duplicar fondos contra el desempleo Juvenil o un nuevo fondo contra la pobreza infantil. Los socialistas apostamos, además, por crear nuevas fuentes de financiación directa para reducir la aportación de los contribuyentes al presupuesto, y que grandes empresas y bancos paguen por sus beneficios reales, igual que los ciudadanos.

Los gobiernos que interfieran con los tribunales o que no aborden el fraude y la corrupción correrán el riesgo de que se suspendan o reduzcan los pagos de la UE, de acuerdo con las nuevas normas para proteger el presupuesto comunitario y defender los valores europeos. Según Eider Gardiazabal, portavoz socialista en la Comisión de Presupuestos y ponente del informe sobre Protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas en materia del Estado de Derecho en de los Estados miembros, “no podemos hablar de igualdad, de justicia, de solidaridad si miramos para otro lado ante la injusticia fiscal”.


Cuando un Estado quiere entrar en la Unión, tiene que cumplir con una serie de requisitos en materia política, económica, fiscal, judicial. Ese examen debe ser continuo y si se encuentran deficiencias hay que corregirlas y establecer un sistema eficaz y proporcionado de sanciones.No basta con blindar el presupuesto europeo, sino que es necesario garantizar el respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, derechos humanos, solidaridad, justicia, tolerancia. En este sentido, no hay mayor ataque a las cuentas públicas, a la solidaridad, y a los valores europeos que la evasión, el fraude y la competencia fiscal desleal.

Con la aprobación del reglamento sobre la creación de un activo europeo libre de riesgo hemos dado un paso esencial para evitar crisis fiscales como las que vivimos en 2010 y 2012. Jonás Fernández ha sido el ponente del Parlamento Europeo para el reglamento sobre los bonos de titulización de deuda soberana, que plantea la creación de un nuevo producto financiero conformado por la deuda nacional de todos los Estados, en virtud de su peso económico. Cada Gobierno será responsable de pagar su parte, pero la comercialización conjunta disminuirá los riesgos y, por tanto, los intereses. De este modo se reducirán los problemas de liquidez de los Estados.


Así, se pretende evitar que se repitan crisis fiscales como las ocurridas en el pasado, cuando los rescates generaron déficits públicos que, a su vez, dificultaron la colocación de deuda de muchos Estados, algunos de los cuales acabaron teniendo que solicitar un rescate a las Instituciones Europeas. Esta propuesta supone un paso adelante en la creación de los eurobonos, tan necesarios como difícilmente negociables.

En marzo de 2019, la Eurocámara aprobó una propuesta socialista en la que se reclama, entre otras medidas, la reforma del actual Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM), un sistema europeo de garantía de depósitos y la creación de un verdadero presupuesto para la zona euro que permita a los países de la eurozona defenderse de nuevas crisis económicas. El ESM debería integrarse en el marco jurídico de la Unión, lo que permitiría una gestión acorde con el método comunitario y facilitaría, entre otras cosas, la coordinación de políticas económicas y fiscales y le otorgaría mayor legitimidad. La recomendación de la Eurocámara sigue la línea marcada por el PSOE en su programa electoral para las elecciones europeas de mayo de 2019.

Una cuestión de máximo interés para los socialistas, en la que estamos trabajando actualmente. El objetivo es que la cobertura de los depósitos nacionales pase a estar garantizada por un fondo a nivel europeo. Con ello, también se minimizarían riesgos financieros en la zona euro y se rompería la relación entre las entidades bancarias y los tesoros nacionales. Sería la culminación de la Unión Bancaria, tras haberse logrado el pilar de la regulación bancaria europea (Autoridad Bancaria Europea), el de la supervisión única para los grandes bancos de la Eurozona, y el de la liquidación y reestructuración de entidades en crisis.

De cara a la profundización de la unión económica, cabe destacar la aprobación del programa InvestEU, que se ejecutará entre 2021 y 2027. El programa InvestEU se creó con la ambición de continuar con la tendencia positiva en las inversiones que ha establecido el plan Juncker, es decir, el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE). El programa InvestEU permitirá la continuación de la movilización de inversión pública y privada en la UE, utilizando las garantías del presupuesto de la UE para atraer a otros inversores. Además, fomentará las inversiones en regiones y proyectos más arriesgados, contribuyendo de esta forma a una mayor convergencia entre Estados miembros.


El programa InvestEU generará 650 mil millones de euros en inversiones adicionales para apoyar inversiones en infraestructura sostenible, investigación, innovación y digitalización, PYME e inversiones sociales. Del mismo modo, tenemos que asignar más fondos a inversiones sostenibles, sociales y de innovación, con el fin de garantizar el crecimiento y la mejora del bienestar general.

Rechazamos desde el principio la austeridad. Insistimos en la necesidad de un mayor grado de flexibilidad en la implementación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que logramos introducir. También pensamos que es necesario permitir que los países se desvíen temporalmente de las reglas existentes, de modo que puedan invertir en inversiones estratégicas cuando esté claro que tales inversiones contribuirán a la recuperación de la economía.

Conseguimos aprobar la Directiva Anti-Elusión, que limita el traslado de los beneficios entre Estados miembros en busca de una fiscalidad más ventajosa, y el abuso de los precios de transferencia intra-grupo.

La Delegación Socialista Española promovió la constitución de una comisión de investigación especial en el Parlamento Europeo sobre los Papeles de Panamá, con el objetivo de acabar con la elusión de impuestos, los privilegios y los paraísos fiscales. También hemos pedido en reiteradas ocasiones la creación de una Agencia Fiscal Europea que estudie las políticas tributarias nacionales, gestione la base de datos sobre las resoluciones fiscales, elabore y actualice la lista negra de paraísos fiscales, y coordine una red europea de agencias tributarias nacionales.

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