El mercado interior de la Unión Europea debe garantizar la seguridad de los consumidores con normas efectivas de supervisión. Al mismo tiempo, defendemos una regulación justa y efectiva de los servicios profesionales, como medio para salvaguardar el interés público y garantizar la movilidad laboral en el mercado único.
En marzo de 2019 la Eurocámara aprobó la Directiva de Accesibilidad, cuyo objetivo es mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad y ancianos a más bienes y servicios, como teléfonos, ordenadores, transporte, servicios bancarios y comercio electrónico. La nueva norma obligará a los Estados miembros de la UE a mejorar la accesibilidad del transporte, en cuestiones como la venta de billetes y la información sobre viajes, incluida la información en tiempo real. Aunque la propuesta socialista era más ambiciosa, el resultado supone un avance muy necesario teniendo en cuenta que, debido al envejecimiento demográfico, para 2020 se prevé que 120 millones de personas en Europa tengan algún tipo de discapacidad. La Directiva establece requisitos de accesibilidad también para las señales de emergencia del teléfono al operador y para responder a las llamadas al 112, el número europeo de emergencias. Además, incluye una disposición para facilitar que las autoridades utilicen requisitos técnicos de la Ley de Accesibilidad para sus procedimientos de contratación pública.
Las autoridades nacionales tendrán más competencias en este ámbito. Las organizaciones de consumidores podrán ahora publicar alertas y ser activamente consultadas por las autoridades relevantes o por la Comisión Europea. Las nuevas normas también refuerzan el papel de la CE en la acción coordinada contra un operador económico inadecuado, y concretamente en casos de infracciones generalizadas que dañen los intereses colectivos de los consumidores al menos en dos tercios de los Estados miembros de la Unión Europea.
Los socialistas pedimos a la Comisión Europea que presente propuestas para luchar contra las noticias falsas y reforzar el trabajo efectivo de los medios de comunicación. Queremos que haya normas comunes en toda la Unión Europea, que se tomen medidas enérgicas contra las noticias falsas, ofrecer a las empresas certidumbre jurídica y garantizar que cumplen sus obligaciones. En la legislatura 2014-2019 pedimos a la Comisión Juncker que legislara para limitar la difusión y propagación de noticias falsas en Internet. En ese sentido, dada la preocupación que supone la injerencia y propagación de las fake news en las campañas electorales, debemos dotarnos de todas las herramientas disponibles para protegernos ante esta ingente cantidad de información distorsionada. Por otro lado, la respuesta conlleva un dilema de cara a la libertad de expresión por lo que la solución debe ser ética y proporcionada. En este sentido, defendemos el papel de los códigos de buenas conductas como primer paso en la buena dirección que permitirán un mejor análisis de la trazabilidad de las noticias, a saber su origen e impedir el lanzamiento de campañas falsas. Pero también es necesario conjugarlo con propuesta legislativas que den garantías a la libertad de expresión y a la veracidad de las noticias.
Desde 2015 los socialistas reclamamos una norma común que garantice unos derechos mínimos a empleados, autónomos, becarios y trabajadores de plataformas digitales: mismo salario, protección social, negociación colectiva y planes de formación. A pesar de la negativa de la derecha, nuestra iniciativa ha llegado a la Comisión y ahora se tramita en el Parlamento Europeo. Aquí estamos para defenderla, frente a la precariedad y la desregulación.
Las empresas de redes sociales deben rendir cuentas ante escándalos como el de Facebook y Cambridge Analytica. La ciudadanía debe saber hasta qué punto pueden ser utilizados sus datos para fines no autorizados. Por ese motivo, la Comisión Europea debe proponer una regulación que garantice los derechos de las y los ciudadanos como usuarios de redes sociales. Exigimos a los gigantes de la red que cumplan el Reglamento de Protección de Datos, así como la puesta en marcha de la directiva que vincula a la policía, la judicatura y la fiscalía para investigar los delitos relacionados con las violaciones de derechos fundamentales en la red. Asimismo, la UE también debe invertir en educación sobre la protección de la privacidad, en ciberseguridad y en nuevas tecnologías.
Los socialistas trabajamos para que las y los agricultores reciban un pago justo por sus productos y puedan defenderse frente a las prácticas comerciales desleales de la industria o de grandes empresas de distribución. Tras una década reclamando una legislación europea que refuerce la débil posición de los agricultores en la cadena de valor, en marzo de 2019 el Parlamento Europeo dio luz verde al acuerdo sobre a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro alimentario. La propuesta hace frente a la creciente volatilidad los mercados y busca mejorar el equilibrio de fuerzas dentro de la cadena de suministro agroalimentario. Es la primera vez que en Europa se afronta el equilibrio de poderes en la cadena agroalimentaria y se establece una armonización mínima igual para toda la UE. La nueva legislación prohibirá hasta 16 prácticas comerciales desleales impuestas unilateralmente por un socio comercial a otro. Entre otras medidas, la directiva impedirá que los compradores de productos agroalimentarios impongan sus condiciones a los vendedores, y establece que se pague al productor en plazo determinado. Ahora se inicia el proceso de transposición a los Estados, ya que en junio de 2020 la directiva deberá estar implementada en los Estados miembros.
Los y las socialistas conseguimos que se aprobaran nuevas normas, que aseguran controles más rigurosos de las emisiones de vehículos a motor y un sistema de compensaciones claro que resarza a los consumidores si se produce una práctica fraudulenta. Presionamos y conseguimos vencer la resistencia inicial de los Estados miembros.
Este acuerdo significará que las empresas ya no podrán impedir que los consumidores y las consumidoras accedan o compren en sus páginas web solo por estar en un Estado miembro distinto, evitando de este modo la discriminación de los consumidores por su nacionalidad o lugar residencia cuando compren por Internet. Así, se consigue un acceso más amplio a bienes y servicios, y se elimina otra barrera hacia una Unión Europea realmente digital. A partir de ahora se pone fin a una práctica que perjudicaba a millones de personas. Del mismo modo, quedan excluidos los productos y servicios protegidos por derechos de autor.
El informe liderado por los socialistas de la Eurocámara pone de manifiesto que este desarrollo debe entenderse dentro de un modelo justo, con reglas claras, que garanticen un alto nivel de protección al consumidor, unas condiciones de trabajo dignas y un sistema impositivo claro que no ponga en riesgo la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar.
Propuesto por el grupo socialista para dotar a todos los vehículos nuevos de un que salvará cientos de vidas en las carreteras europeas. Desde el 31 de marzo de 2018, todos los automóviles nuevos y los vehículos industriales ligeros deben estar equipados con un dispositivo de llamadas de urgencia que marcará automáticamente el número de emergencias 112 en caso de accidente.