La eurodiputada socialista Mónica Silvana González ha subrayado la necesidad de garantizar “de una vez” el derecho al voto de todas las personas con discapacidad en los Estados miembros, de los que 19 mantienen aún estas barreras en virtud de sus legislaciones nacionales. “Alrededor de 800.000 ciudadanos y ciudadanos de dieciséis países de la UE se vieron privados jurídicamente de participar en las pasadas elecciones europeas, por razón de discapacidad o problemas de salud mental”, ha lamentado la eurodiputada.
También ha denunciado que muchas personas con discapacidad, aunque cuenten con opciones de voto alternativas o más convenientes, no puedan votar en un colegio electoral. “Sería la mejor forma de participación cívica”.
Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra mañana, 3 de diciembre, Mónica Silvana ha defendido la constitución de un consejo europeo de la discapacidad, “como el órgano oficial de consulta y de debate para que las personas con discapacidad participen en las políticas de la UE”, así como una “normativa que prohíba la esterilización forzosa de mujeres y niñas con discapacidad, tal y como prohíbe expresamente el Convenio de Estambul”, ha recordado.
La eurodiputada, miembro e impulsora de la creación del Intergrupo de Discapacidad del Parlamento Europeo, ha reclamado que la Tarjeta Europea de Discapacidad ofrezca reconocimiento mutuo dentro de los 27 socios de la UE: “Es necesaria la estandarización del diseño de las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad y su reconocimiento en los países miembros, con el fin de facilitar su circulación en coche”. Por el momento, “solo existe un proyecto piloto en 8 Estados miembros, y las y los socialistas estamos trabajando para que se extienda a los 27”, ha asegurado.
Por último, ha subrayado que los objetivos que en este ámbito se propone conseguir durante esta legislatura son el desbloqueo de la Directiva de No Discriminación, y la homologación en políticas de transporte para eliminar barreras y facilitar la libre circulación de personas con discapacidad en todo el territorio comunitario.