La Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior de la Eurocámara ha aprobado un informe de su presidente, el socialista Juan Fernando López Aguilar, en el que insta a la Comisión Europea a que revise la Directiva contra la trata de personas que «se ha quedado corta en lo relativo al desmantelamiento de las mafias». El objetivo es mejorar las medidas de prevención y enjuiciamiento de todas las formas de trata, y pide a los Estados miembros que tipifiquen como delito penal en sus ordenamientos nacionales el uso de los servicios prestados por las víctimas de la trata de seres humanos, en particular los delitos sexuales, ha incidido.
El dirigente socialista subraya, tal como recoge el informe, la necesidad de que la Comisión dé prioridad a la prevención del delito de trata con fines de explotación sexual, mediante la adopción de medidas y campañas de sensibilización para desalentar y reducir la demanda, y que examine, en cooperación con los países, cómo la demanda de servicios sexuales sirve de acicate para la trata de seres humanos. «Los tratantes de personas tienden a llevar a sus víctimas a países en los que la prostitución está regulada y se practica legalmente, dado que les resulta mucho más fácil aprovechar el marco jurídico existente para explotar a sus víctimas», ha denunciado el eurodiputado.
En este sentido, López Aguilar ha apuntado la necesidad de reforzar los fondos europeos para potenciar la cooperación judicial penal y para proteger a las víctimas del tráfico ilícito de personas. «La prostitución en España se ceba con mujeres que han sido víctimas de trata y España, junto con Italia, son los países de la UE con mayor volumen de explotación sexual de personas traficadas», ha anotado.
De igual manera, “debe abordarse el uso de tecnologías en línea tanto en la proliferación como en la prevención de la trata de seres humanos, así como la prevención y la identificación temprana de las víctimas y el acceso a la protección por parte de las víctimas”.
En el informe se pone de manifiesto la dificultad de probar el “uso consciente de los servicios prestados por las victimas de trata”, lo cual lleva a bajos niveles de enjuiciamiento y condena. Además, se pone de relieve la falta de conocimiento, la falta de práctica judicial de la disposición pertinente y los recursos humanos insuficientes e inadecuados. Por todo ello, López Aguilar ha destacado la importancia de que los Estados miembros redoblen sus esfuerzos para aumentar el número de investigaciones y enjuiciamientos. De igual manera, el informe destaca que el nivel de conocimiento que debería exigirse para este delito debería ser objeto de un examen detenido.
Este informe recuerda que la Directiva debe ser aplicada íntegramente, de forma coherente y diligente por todos los agentes en el ámbito: legisladores, jueces, fiscales, policía y administraciones públicas. La formación adecuada de todos estos agentes es fundamental, así como el refuerzo de sus capacidades para poder identificar a las víctimas de la trata y prestarles asistencia y protección, recoge el texto.
Por último, López Aguilar ha avisado de la importancia de mejorar las medidas para la identificación de las potenciales víctimas en el contexto de los flujos migratorios y en los hotspots, y la necesidad de mejorar el acceso a los procedimientos de asilo. En este sentido, se insta a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten medidas urgentes contra los grupos delictivos implicados en el tráfico de migrantes y la trata de seres humanos, al tiempo que destaca la necesidad de rutas legales y seguras.