Los gobiernos que interfieran con los tribunales o que no aborden el fraude y la corrupción correrán el riesgo de que se suspendan o reduzcan los pagos de la UE, de acuerdo con las nuevas normas para proteger el presupuesto comunitario y defender los valores europeos. Hasta ahora, los instrumentos de los que disponía la UE para combatir las violaciones de derechos en la Unión eran “lentos e ineficaces”, ha señalado Eider Gardiazabal, portavoz socialista en la Comisión de Presupuestos y ponente del informe sobre Protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas en materia del Estado de Derecho en de los Estados miembros. “No podemos hablar de igualdad, de justicia, de solidaridad si miramos para otro lado ante la injusticia fiscal”.
La eurodiputada ha recordado que, cuando un Estado quiere entrar en la Unión, tiene que cumplir con una serie de requisitos en materia política, económica, fiscal, judicial. Sin embargo, ha matizado, este “examen tiene que ser continuo y si se encuentran deficiencias hay que corregirlas” y “establecer un sistema eficaz y proporcionado de sanciones”.
Para la europarlamentaria, limitarse al Estado de derecho es insuficiente. Por eso, no basta con blindar el presupuesto europeo, sino que es necesario garantizar el “respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, derechos humanos, solidaridad, justicia, tolerancia”. En este sentido, ha insistido en que “no hay mayor ataque a las cuentas públicas, a la solidaridad, y a los valores europeos que la evasión, el fraude y la competencia fiscal desleal”.
La propuesta de Eider Gardiazabal desgrana tres aspectos fundamentales de este informe. El primero se centra en la protección de los beneficiarios finales, es decir, al establecer sanciones a través del presupuesto es necesario asegurar que “las sanciones van directamente contra los infractores”.
En segundo lugar, la propuesta señala que un panel de expertos estará a disposición de la Comisión Europea para poder tomar “una decisión razonada, objetiva y alejada de cualquier tentación partidista”.
Por último, la iniciativa de Gardiazabal incluye un papel más decisivo de la Eurocámara, y no simplemente de mero observador, puesto que el Parlamento Europeo tiene la misma autoridad presupuestaria que el Consejo.